El pedido surge en medio de una fuerte polémica pública y mediática por el presunto uso indebido de recursos sociales en la provincia.
El documento, dirigido al presidente del cuerpo legislativo, Oscar Herrera Ahuad, menciona a la diputada electa Elisa Goring y a la actual legisladora Blanca Álvez, ambas vinculadas políticamente con el dirigente Héctor “Cacho” Bárbaro.
En este contexto, se podría entender que Bárbaro habría contado con contactos a nivel nacional, incluyendo sectores como La Cámpora, que podrían haber contribuido a la consolidación de una red clientelar destinada a favorecer a militantes y allegados, en detrimento de quienes realmente los necesitan.
Según la presentación, ambas habrían cobrado pensiones no contributivas por invalidez mientras mantenían vínculos activos en el ámbito político, lo que podría generar dudas sobre la compatibilidad legal y ética de esos beneficios.
Gacek pidió que se determine la naturaleza y el grado de discapacidad que justificó la asignación de las pensiones, así como si dichas prestaciones resultaban compatibles con las responsabilidades públicas asumidas. Además, instó a que se investigue la posible comisión de delitos, en particular el de fraude contra la administración pública.
La denuncia cobra mayor relevancia en un contexto nacional donde se revisan los mecanismos de otorgamiento de pensiones por discapacidad. En sus redes sociales, Gacek cuestionó duramente lo que describió como una red de clientelismo basada en certificados médicos apócrifos y beneficios sociales entregados a referentes políticos y sus familias, en perjuicio de quienes realmente los necesitan.
La Pensión No Contributiva por Invalidez está destinada exclusivamente a personas menores de 65 años que, debido a una discapacidad física o mental, se encuentran en situación de vulnerabilidad social y no pueden acceder al mercado laboral en condiciones plenas. Para acceder a este beneficio, el solicitante debe acreditar una disminución del 66% o más en su capacidad laboral, no contar con ingresos suficientes ni bienes que le permitan sostenerse, y no percibir otras prestaciones previsionales.
Además, debe presentar un Certificado Médico Oficial y cumplir con criterios sociales y económicos específicos. En este contexto, genera dudas razonables la adjudicación de estas pensiones a personas vinculadas familiarmente a funcionarios públicos, como esposas o hijas de intendentes, dado que su situación económica podría no encuadrar dentro de los parámetros de vulnerabilidad exigidos por el régimen. Si bien no está prohibido por la normativa, este tipo de casos pone en discusión los criterios de asignación y el control de la distribución de estos beneficios.
