Con el rechazo formal en ambas cámaras y su publicación en el Boletín Oficial, el Congreso dejó sin efecto un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y cuatro decretos delegados emitidos por el Poder Ejecutivo antes de que vencieran las facultades otorgadas por tiempo limitado.
Las resoluciones llevan la firma del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel. El tratamiento legislativo se inició el 6 de agosto en Diputados y concluyó la semana pasada en el Senado, donde se acordó debatir cuatro decretos específicos.
Normativas rechazadas
- Resolución 39/2025: DNU 340/2025, que establecía un nuevo Régimen de Excepción para la Marina Mercante Nacional y limitaba el derecho a huelga.
- Resolución 43/2025: Decreto 345/2025, que reorganizaba la Administración Pública, fusionaba los institutos Yrigoyeneano y Rosas, y transformaba el Instituto Nacional del Teatro.
- Resolución 94/2025: Decreto 461/2025, que disponía el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad y la reestructuración de organismos técnicos como INTA, INTI, INV e INPI.
- Resolución 44/2025: Decreto que modificaba la estructura del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), trasladándolo a la órbita de la Secretaría de Innovación.
- También se desestimó la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), cuestionada por un informe técnico que advertía sobre deficiencias regulatorias.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó que las facultades delegadas no serían renovadas:
“Siempre la idea fue no renovarlas, porque yo necesitaba que mi equipo estuviera muy consciente del tiempo que teníamos”.
