04 de agosto de 2025

Puerto Iguazú ya cuenta con Fiscalía Federal propia

La Procuración General habilitó este lunes la sede judicial, que funcionará junto al Juzgado Federal recientemente inaugurado. Se designó fiscal interino y se dispuso asistencia operativa para el abordaje de causas en la región.

Mediante la Resolución 159/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó la habilitación de la Fiscalía Federal de Primera Instancia con asiento en Puerto Iguazú. En el mismo acto, se designó al fiscal Marcelo José Bernachea como interino por un plazo de seis meses, o hasta que se cubra el cargo de forma definitiva.

La Procuración General también confirmó la colaboración de la fiscal federal Lilian Delgado, quien asistirá en el trabajo inicial ante el volumen de causas federales existentes en la jurisdicción.
La nueva fiscalía funcionará junto al Juzgado Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú, inaugurado semanas atrás con la designación del juez Marcelo Alejandro Cardozo, ya en funciones tras jurar ante la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas.

Competencia territorial y articulación operativa

La Fiscalía Federal ejercerá sus competencias sobre los departamentos Iguazú y General Manuel Belgrano, con actuación en causas penales y civiles de índole federal. La Procuración dispuso que su Secretaría General provea el personal y los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de la sede, en articulación con organismos provinciales.


Asimismo, se encomendó a la Unidad de Apoyo y Control de Actuación Funcional el análisis y eventual traslado de causas radicadas en Posadas, con el objetivo de evitar demoras procesales y asegurar una transición ordenada en el abordaje judicial del norte misionero.


Fortalecimiento institucional en zona de frontera

Con esta habilitación, Puerto Iguazú cuenta ahora con juzgado, fiscalía y defensoría federal propias, lo que representa un avance estratégico en la consolidación de la estructura judicial en zonas de frontera. La medida responde a la necesidad de descentralizar funciones, agilizar procesos y fortalecer la presencia institucional del Estado en áreas de alta sensibilidad territorial.