En un nuevo capítulo del litigio internacional por la expropiación de YPF, Argentina presentó su descargo ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York, solicitando suspender la orden judicial que dispone la entrega de acciones de la petrolera como parte del cumplimiento de la sentencia por US$16.000 millones.
El documento, elevado en la madrugada, advierte que ejecutar la transferencia mientras se tramita la apelación “causaría un daño irreparable”, por la imposibilidad de revertir la entrega una vez concretada. Si el pedido es rechazado, el país anticipa que recurrirá de forma urgente a la Corte Suprema de Estados Unidos.
En su planteo, los abogados cuestionaron a la jueza Loretta Preska por resolver “en contra del criterio del propio gobierno estadounidense y de todos los tribunales que abordaron esta cuestión jurídica”. Advirtieron además que una ejecución sin suspensión “podría desatar un conflicto diplomático significativo, con sensibles implicancias en la política exterior”.
La definición sobre la entrega de acciones está en suspenso: la Corte de Apelaciones deberá resolver si acepta el pedido argentino de postergar la medida, sin exigir una garantía previa. También se analizan los planteos de los demandantes, que exigen que el país deposite activos antes de seguir apelando.
Tres escenarios posibles podrían surgir en las próximas horas:
- Que se permita apelar sin entregar acciones, pero con obligación de garantizar el fallo con otros activos;
- Que se suspenda la orden de Preska y se habilite la apelación sin condiciones;
- Que se rechace el pedido argentino, con riesgo de sanciones por desacato e impacto financiero.
El caso se originó por la expropiación de YPF en 2012. Burford y Eton Park adquirieron los derechos de litigio del Grupo Petersen (dueño del 25% de la firma) por apenas 15 millones de euros. Argumentaron que el gobierno kirchnerista violó el estatuto de YPF al pagar a Repsol con bonos y no ofrecer trato similar a los demás accionistas.
El fallo original de Preska, emitido en septiembre de 2023, condenó a la Argentina al pago de US$16.100 millones. Desde entonces, el país apeló la sentencia y recibió el apoyo del gobierno de Estados Unidos, que bajo la administración Trump se presentó como amicus curiae en favor de la posición argentina.
