El Gobierno nacional prepara un decreto que le permitiría intervenir en la definición de las investigaciones del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). La iniciativa apunta a modificar el sistema de gobernanza del organismo para alinear sus proyectos con las prioridades técnicas del Ejecutivo.
“Lo que queremos es poder definir qué se investiga y qué no, para priorizar lo técnico por sobre informes que hablan de Batman”, expresaron desde Nación. La medida ya fue revisada por los equipos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger, y por la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal. Si bien algunos sectores del oficialismo aseguran que el decreto cuenta con el aval del presidente Javier Milei, otros advierten que su publicación podría demorarse.
En paralelo, el Ejecutivo tiene listo un decreto para reconfigurar el directorio de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i), que pasará de once a tres integrantes, todos designados por el Gobierno. La agencia, que depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, administra un presupuesto de $25.000 millones y financia proyectos a través de los fondos FONCyT, FONTAR y FONARSEC.
Actualmente, el Conicet cuenta con 26.781 trabajadores —11.800 investigadores, 10.300 becarios, 2800 técnicos y 1400 administrativos— y un presupuesto de $580.000 millones. Su estructura incluye 17 Centros Científico-Tecnológicos (CCT), 7 Centros de Investigaciones y Transferencia (CIT), un Centro Multidisciplinario y más de 300 institutos distribuidos en todo el país.
El organismo está conducido por un directorio de ocho miembros y un presidente —actualmente Daniel Salamone— designado por el Ejecutivo. Los integrantes surgen de ternas propuestas por investigadores activos, universidades, cámaras empresarias y organismos provinciales de ciencia y tecnología. Los mandatos duran cuatro años y se renuevan por mitades cada dos.
Aunque el Gobierno postergó una reforma estructural más amplia, que incluía recortes internos, planea avanzar con cambios en el proceso de ingreso. Según trascendió, se buscaría excluir a investigadores de ciencias sociales y humanidades para priorizar perfiles técnicos vinculados a sectores como energía, minería y salud.
